Legisladores de Morena en Querétaro buscan penalizar corrupción inmobiliaria. La iniciativa busca tipificar el delito de corrupción inmobiliaria para sancionar a servidores públicos y desarrolladores que incumplan sus obligaciones.
Los diputados de Morena en Querétaro, Homero Barrera Mcdonald, Ulises Gómez de la Rosa y Edgar Inzunza Ballesteros, junto al diputado federal Luis Humberto Fernández Fuentes, presentaron una iniciativa para combatir la corrupción inmobiliaria en el estado, mediante reformas al Código Penal, el Código Urbano y la Ley del Notariado de Querétaro.
Durante la presentación, el legislador Homero Barrera explicó que esta propuesta retoma la esencia de la iniciativa presentada recientemente en el Congreso de la Unión, adaptándola al marco jurídico estatal. El objetivo, dijo, es sancionar tanto a servidores públicos como a desarrolladores inmobiliarios que participen en prácticas ilegales de comercialización de inmuebles.
La iniciativa plantea tipificar el delito de corrupción inmobiliaria, con sanciones que van de seis meses a cinco años de prisión, así como multas de 90 a 300 días de salario mínimo. Barrera Mcdonald subrayó que buscan devolver la dignidad a las familias de Querétaro que invierten su patrimonio en viviendas, solo para enfrentarse a desarrolladoras que incumplen sus obligaciones.
Por su parte, el diputado federal Luis Humberto Fernández señaló que la corrupción inmobiliaria surge de la colusión entre servidores públicos y desarrolladores para obtener beneficios indebidos. “No se trata de ir en contra del sector inmobiliario, sino de proteger a la ciudadanía”, aclaró, reconociendo que la mayoría de los desarrolladores son íntegros, pero es necesario sancionar a quienes abusan.
Fernández agregó que el marco jurídico propuesto permitirá sancionar prácticas como presiones indebidas sobre ejidatarios, ventas de fraccionamientos sin servicios básicos o entrega de propiedades sin documentación adecuada.
Finalmente, destacaron que la iniciativa busca fortalecer la confianza en el mercado inmobiliario, protegiendo a empresarios, familias y comunidades ejidales, y garantizando un entorno de legalidad y transparencia en Querétaro.