Ciudad de México; 3 de Octubre de 2017.- La propuesta surgida desde la ciudadanía y adoptada por algunos dirigentes políticos cuenta ya con una respuesta basada en la ley: “¿pueden los partidos políticos disponer de sus recursos para las personas afectadas por los recientes sismos?, la contestación es NO”, señaló Diego Valadés, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
Estos recursos han sido asignados conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 41 de la Constitución, y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. “Si se destinaran a propósitos que no corresponden a lo que determina la Constitución, como parece haber ocurrido ya, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá que rechazar las justificaciones de gasto y tendrá que contabilizarlos como desvío de recursos”, explicó el universitario.
Al intervenir en el Foro “Financiamiento Público 0: ¿es posible hacer política democrática sin dinero?”, celebrado en el IIJ y moderado por María Marván Laborde, Valadés subrayó que aunque el INE aceptara por razones extraordinarias que en este caso los partidos tomaron otra decisión y se diera por válida, la medida sería impugnable y se tendría que sujetar a la instancia jurisdiccional competente.
“No son recursos de naturaleza privada, sino públicos, y los partidos tienen que rendir cuentas como cualquier otra institución. Al establecer un fondo y/o una aportación con estos recursos, también se estaría privando de su salario a los trabajadores de esas entidades”, mencionó.
