Ciudad de México; 1 de Octubre de 2019.- La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, María Wendy Briceño Zuloaga (Morena), señaló que el Estado debe garantizar a las mujeres la plena salvaguarda de sus derechos sexuales, reproductivos y permitirles la interrupción legal del embarazo.
Durante la presentación de la iniciativa de Reforma a la Ley General de Salud en materia de Progresividad de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres, la legisladora manifestó que ahora que hay una mayoría responsable en el Congreso, no se puede ignorar que a diario se registran muertes por malas prácticas a causa de que ellas sufren precariedad económica y tienen el poco acceso al sistema básico de salud.
Indicó que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), entre 2013 y 2018, 9.4 millones de mujeres de 15 a 49 añas dijo haber estado embarazada. De ellas, poco más de un millón manifestaron haber tenido al menos un aborto, “en estas cifras no hay claridad de las condiciones en las que se interrumpió embarazo”.
Destacó que hay entidades donde las sanciones por abortar van desde 15 días hasta seis años de prisión y multas de 20 a 300 Unidad de Medida y Actualización (UMA), trabajo en favor de la comunidad, diferentes formas de tratamiento médico o psicológico e, incluso, pena por reparación de daño.
Refirió que, ante este panorama, el diputado Porfirio Muñoz Ledo entre otros y otras legisladoras, han presentado una serie de iniciativas orientadas a legislar sobre la materia, porque a pesar de que durante años no fue posible abordar el tema, hoy lo es debido a que hay una mayoría responsable. “Qué sucede cuando hay más de una iniciativa, se pueden dictaminar en conjunto, lo cual permitirá complementar la propuesta para que quede lo mejor posible”.
En este asunto se habla de la vida de mujeres, adolescentes y niñas, por lo que es necesario ver esta problemática en toda su dimensión e impulsar una amplia la discusión, afirmó.
“Quiero reconocer a Oaxaca y sabemos que Hidalgo pronto se sumará a la legislación a favor de la interrupción del embarazo; tendrán nuestro acompañamiento, así como de los colectivos feministas, pues ello permitirá caminar hacia el progreso de las garantías de las mujeres”, puntualizó.
La diputada Sandra Paola González Castañeda (Morena), organizadora del evento, explicó que como parte del trabajo de análisis sobre el tema del aborto se han llevado a cabo foros a nivel nacional, donde participaron más de mil 200 especialistas: médicos, jueces, magistrados, académicos y demás involucrados en la progresividad de los derechos de las mujeres.
Apuntó que la iniciativa que hoy se presenta plantea la modificación de los artículos 329, 330, 331, 332 y la derogación del 333, 334 del Código Penal Federal; las adiciones de la Fracción V Bis del artículo 3, de un párrafo Cuarto al artículo 10 Bis, del Capítulo VI Bis y del artículo 71 Bis de la Ley General de Salud, con el propósito de reconocer y garantizar los derechos sexuales, incluyendo la interrupción del embarazo en condiciones de calidad cuando las mujeres así lo soliciten.
González Castañeda explicó que entre las iniciativas que integran esta propuesta existe una que plantea la autonomía reproductiva de las mujeres. “Representa un concepto que jamás se había tocado en la Constitución y que ahora ya lo vamos a tener”.
A partir de la frase autonomía reproductiva, expuso, “es como nosotras empezaremos a trabajar este concepto en la Ley General de Salud y en el Código Penal Federal, antes de llegar al Código Penal Único; queremos políticas públicas efectivas e iniciativas fundamentadas en los derechos humanos y en lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tratados internacionales”.
La presidenta de la Comisión de Salud, Miroslava Sánchez Galván (Morena), indicó que 29 entidades federativas establecen, como causal de exclusión o no punibilidad, que el aborto sea resultado de una conducta imprudencial o culposa; en 23, que exista peligro de muerte de la mujer embarazada; 15, que la mujer enfrente riesgo a su salud; en 16, que el producto presente alteraciones congénitas o genéticas graves; 15, que el embarazo sea resultado de inseminación artificial no consentida. En dos, que haya causas económicas para interrumpir el embarazo.
Especificó que la Organización Mundial de la Salud es clara en definir que un aborto es peligroso cuando el embarazo es interrumpido por personas que carecen de la calificación necesaria o en instalaciones que no cumplen con las normas médicas mínimas.
Además, recomienda que para prevenir embarazos involuntarios y abortos peligrosos los países deben implementar políticas propicias a fin de proporcionar el acceso a un aborto sin riesgo y legal, agregó.
“Entre abril del 2007 y 19 de diciembre de 2018, se habían atendido en los servicios de salud del gobierno de la Ciudad de México a 205 mil 353 mujeres para interrupción legal del embarazo, de las cuales 70 por ciento residían en la capital, 61 mil 755 correspondieron a mujeres procedentes de las 31 entidades federativas restantes”.
Señaló que la interrupción voluntaria del embarazo en México responde a una demanda de mujeres de todas las edades, niveles educativos y condiciones socioeconómicas, y que el marco de la ley en la Ciudad de México ha garantizado que los servicios se presten por personal calificado, tecnología recomendada, excelentes condiciones de higiene y óptimas garantías, seguridad y de acuerdo con las recomendaciones y evidencias internacionales.
Agregó que es necesario llevar a cabo reformas legales que den a todas las mujeres del país las mismas garantías de protección de sus derechos para que los procedimientos sean llevados a cabo en las mismas condiciones legales y seguras.